UNCP rechaza decreto que elimina obligación de contar con asistentes sociales en empresas

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) manifestó su rechazo a la derogatoria del Decreto Supremo N.º 009-65, norma vigente desde hace sesenta años que obligaba a las empresas privadas con más de 100 trabajadores a contar con un asistente social.

Mediante Decreto Supremo N.º 005-2025-TR, publicado el sábado 14 de junio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) derogó dicha disposición, dejando sin efecto la obligación de las empresas de incorporar a estos profesionales en su estructura organizacional.

Esta decisión se sustenta en una resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que calificó esta exigencia como una barrera burocrática carente de razonabilidad.

La decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP, Dionicia Alarcón León, afirmó que esta postura asumida por el Ejecutivo representa una grave amenaza para esta carrera profesional especialmente en lo que respecta a su demanda en el mercado laboral. Señaló que esta medida compromete el desarrollo profesional de los egresados, pone en riesgo el bienestar social de los trabajadores del sector público y privado, y afecta también a sus familias y a la población en general. Recordó que anualmente egresan entre 35 y 40 profesionales de Trabajo Social en la UNCP.

“Lamento que exista un desconocimiento generalizado sobre la verdadera dimensión del derecho al bienestar social, y denuncio que esta situación ha sido aprovechada por ciertos sectores del Estado y del Gobierno para minimizar la importancia de esta profesión y catalogarla injustamente como una barrera burocrática”, señaló.

En la misma línea, Ricardo Soto Sulca, docente principal de esta facultad, señaló que esta medida puede interpretarse como un intento de privatizar el ejercicio del trabajo social en el país. Enfatizó que las funciones del trabajador social no se limitan a trámites administrativos, sino que su labor está centrada en el bienestar integral del trabajador y su familia, abordando situaciones de violencia, problemáticas de niñez, adolescencia, adultos mayores, género, salud mental y otros factores sociales que impactan directamente en la calidad de vida de las personas.

Para el docente, el trabajador social contribuye de forma directa a mejorar la productividad en las empresas, ya que cuando un trabajador atraviesa conflictos familiares, estos afectan inevitablemente su desempeño laboral, y ahí es donde interviene el profesional para brindar soporte y estrategias que restablezcan el equilibrio personal y familiar.

Ambos representantes de la UNCP coinciden en que esta medida del Ejecutivo no es un simple cambio normativo, sino una decisión política con una clara orientación empresarial y tecnocrática que busca reducir derechos, debilitar la educación universitaria pública y desplazar a los profesionales de las ciencias sociales del espacio que legítimamente les corresponde.

Recordaron que en 2023 el Ministerio de Educación ya había eliminado la participación del trabajo social en el sistema educativo, a pesar de los graves problemas sociales que afectan a las escuelas, como la violencia familiar, el bullying o la deserción escolar. Ahora, señalaron, el Ministerio de Trabajo intenta replicar esa misma exclusión en todos los sectores.